política – competencia por el poder.
imparcialidad – no darle preferencia o ventaja a una parte sobre la otra en una reparación.
unanimidad – la decisión del grupo entero, no de una parte; medio de asegurar la imparcialidad y evitar la fragmentación social.
responsabilidad legal – la comprensión de la Ley que hace a una persona sujeta al castigo por violarla.
Justicia – hacer valer la Ley de manera imparcial y equitativa.
CONTEXTO PARA LOS TERMINOS
Dicen que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pero estar eternamente vigilante es imposible para un ser humano. Siempre he pregonado por el juicio por jurado como solución porque reparte la responsabilidad de vigilar que la libertad y la propiedad sean respetadas por el gobierno.
Sin embargo, el jurado no es sustitución para la fe individual en la provisión divina, natural, o cooperativa. Sin esa confianza, nos valemos de la coacción y el engaño, en vez de cooperar para sacarle provecho a esa provisión.
Para que la Sociedad no se fragmente, el poder público no debe usarse contra quienes no violaron la Ley ni son legalmente responsables. Hacerlo crea desconfianza y división de la Sociedad y si se permite que continúe, las partes se vuelven antagónicas y esa Sociedad puede entrar en conflicto civil violento. Entonces se debilita y queda incapaz de defenderse contra autócratas y otros Estados más fuertes, que todavía son internamente unidos.
Una sentencia condenatoria por el gobierno debe representar no sólo la opinión de una parte de la Sociedad, sino la voluntad general o total. Esa es la gran ventaja del jurado, su obligación a la unanimidad que le da su imparcialidad y estatus apolítico, al sortearse de la población libre y legalmente responsable de un Estado.
Permitir que sólo una parte de la Sociedad juzgue la validez de la aplicación del poder público, un estrato socio-económico, un gremio cuyo propósito e intereses son distintos a los de la sociedad en general es dividir la Sociedad en clases, los que se pueden defender y los que no.
Porque se trata de que todos los miembros de la Sociedad puedan vivir sin coacción ni engaño, que todos tengan derechos y obligaciones libremente adquiridas, que sea respetado su cuerpo y lo que han adquirido sin coacción ni engaño. Y, si alguien es injuriado por las acciones de otras personas, debe ser equitativamente compensado por el legalmente responsable, sin importar quien sea, de una manera que la Sociedad en general percibe como justa, no sólo la parte a la que pertenece el supuesto agresor o víctima.
La pregunta siempre será ¿a quién se le debe confiar el proceso judicial durante un juicio y aprobar el uso del poder público por el jefe de Estado contra una persona acusada? ¿A un magistrado? Los magistrados son necesarios; con su conocimiento y sabiduría, pueden evitar que una persona acusada pase por el tormento de un juicio por legislación que viola la Ley o si hay evidencia insuficiente.
Pero, el magistrado es parte de un gobierno compuesto por individuos compitiendo por controlar el poder para su propio beneficio, sujeto a presiones fuertes, amenazas, y seducciones. Son humanos falibles con poder sobre múltiples casos, cuyos veredictos sientan precedente y pueden dañar a la Sociedad irreparablemente.
O ¿se le debe confiar el proceso judicial durante un juicio y la aprobación del uso del poder público a quienes tienen que sufrir más inmediata e intensamente el mal uso o abuso del poder público, la Sociedad misma, representada por el Pueblo en Jurados, quienes no pasan por un proceso político antes o durante un juicio y deben rendir un veredicto unánime, por eso lo más imparcial que humanamente se puede?
No debería confiársele a otro grupo de la Sociedad que sólo entraría en competencia por el poder con los grupos ya establecidos en el sistema político, sino a múltiples jurados de personas diferentes para cada caso, escogidas al azar y que no pueden a competir políticamente, que no pueden aprobar el uso del poder público por el jefe de Estado al menos que estén unánimes en su veredicto.
En la sección sobre el Estado, se sugiere que el Estado es soberano si se puede defender de la coacción; igualmente, una Sociedad o Pueblo es soberano ante el gobierno si se puede defender del gobierno. Así que, para que la Sociedad pueda defenderse, nos enfrentamos a la opción, por un lado, de magistrados o "jueces,' cuyos intereses están inmersos en la inevitable competencia por el poder, y, por otro lado, el jurado, cuyos intereses están con la sociedad y cuyo incentivo para entregar un veredicto unánime es cooperar.
Dos opciones imperfectas, pero, la capacidad del ser humano de engañar es tan grande, que no nos deja mejores. Necesitamos escoger la que menos daño le hace a la sociedad.
Fotografía de Deval Kulshrestha - File:1660 blk 19329 zoom.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40160925